Sofía Chinchilla Cerdas / schinchillacerdas@gmail.com

Un marco jurídico de casi 60 años regula la concesión de frecuencias de radiodifusión en Costa Rica. La Ley de Radio N°1758 rige en el país desde 1954 y es la misma que concede una porción del espectro radioeléctrico a 114 emisoras, distribuidas principalmente entre cadenas radiales e instituciones religiosas.

Al margen de la ley, según datos de la Cámara Nacional de Radio de Costa Rica, operan alrededor de 137 emisoras clandestinas. Estas estimaciones se divulgaron en una serie de artículos del diario La Nación del pasado mes de junio. Las publicaciones dieron lugar al resurgimiento de la discusión sobre las emisoras informales, la distribución del espectro radioeléctrico y el derecho a la comunicación.

En la coyuntura de la discusión en medios de comunicación, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) organizaron el foro Radios ¿Piratas? En Costa Rica, con el objetivo de reflexionar sobre el desde la perspectiva de derechos ciudadanos.

En la actividad, realizada el 1º de julio en el miniauditorio de Ciencias Sociales, participaron Giselle Boza, directora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica y del Programa de Libertad de Expresión, derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI); Andrea Alvarado, de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa; Catalina Montenegro, de Onda UNED y José Rodolfo Ibarra, presidente del COLPER. Se invitó a CANARA y al Viceministerio de Comunicaciones, pero no participaron.

Legalidad y derecho a la Comunicación

Las emisoras “clandestinas” no tienen concesión de una franja del espectro radioeléctrico y transmiten en espacios ajenos o que no se utilizan. CANARA ha solicitado que el Gobierno y la Superintendencia de Comunicaciones intervengan. Sus principales preocupaciones son la interferencia que puedan crear en la transmisión de las emisoras que sí tienen una concesión y la competencia a nivel de pauta pues, según afirman, las emisoras “clandestinas” cobran hasta un 50% menos por la publicidad.

Andrea Alvarado, de RedMICA, sostuvo durante el foro que el aumento en el número de emisoras clandestinas es una señal de la necesidad de tener otros medios para garantizar el derecho a la comunicación y la información. Además, considera injusta la distribución de frecuencias e inválido el argumento de que no hay más disponibles, ya que muchas están en manos de un mismo concesionario que repite la misma señal en frecuencias distintas, dejando sin lugar a nuevas emisoras.

La principal traba, según ella, es la falta de voluntad política para que exista pluralidad.

José Rodolfo Ibarra insistió en que la única vía de democratizar el dial es incidiendo en la ley, y que el COLPER “no va a sacar banderas populistas”. Aclaró que cree que es necesario acabar con la concentración de frecuencias, pero que no se deben subastar ni arrebatar a los concesionarios que cumplen con la ley, a menos que la misma logre modificarse.

Giselle Boza denunció que las frecuencias se concesionan como mercancías, cuando realmente son un bien público, y que es desproporcional lo que se paga por transmitir en comparación con las divisas que reciben las emisoras cada año. Aseguró que hay intereses específicos representados en el modelo de radiodifusión: “Es un tema de legalidad, es una ley que se ha quedado corta frente a las necesidades y derechos comunicativos de la sociedad costarricense”, señaló.

El video del foro se puede ver en este enlace.