Liliana Solís / proledi@ucr.ac.cr

La representación de la Universidad de Costa Rica ante Comisión Especial Mixta de Radio se apartó del informe de mayoría firmado por las cámaras empresariales y representantes del gobierno, por considerar que “no contiene aspectos esenciales desde la perspectiva de derecho, y que por el contrario, posterga el debate público sobre estos temas para avanzar hacia procesos más democráticos e incluyentes en el modelo de radiodifusión sonora del país”.

A esta comisión, creada  por decreto ejecutivo en febrero de 2012,  se le asignaron competencias para analizar e  informar al Ministro Rector del Sector de Telecomunicaciones sobre dos aspectos medulares de la transición de la radio analógica a la digital: el posible estándar aplicable al país y su viabilidad de implementación, así como las implicaciones tecnológicas, industriales, comerciales, jurídicas y sociales de la transición.

Aunque la  representación de la Universidad de Costa Rica comparte con el informe de mayoría que el panorama internacional no es claro para iniciar el proceso de digitalización de la radiodifusión sonora en este país, sostiene que sí  existe claridad absoluta en que Costa Rica no puede posponer el debate sobre la necesidad de generar política pública para garantizar procesos de comunicación diversos e inclusivos, que sirvan a futuro para aprovechar mejor las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.

Agrega que la decisión tomada por la Comisión de posponer la migración de la radio analógica a la digital, no implica aplazar una vez más el debate sobre un modelo de radiodifusión sonora más incluyente, diverso y participativo, especialmente para aquellos sectores tradicionalmente excluidos de los procesos de comunicación: comunidades, movimientos sociales, pueblos indígenas, etc.

De acuerdo con la profesora Giselle Boza, quien representa a la Universidad en la Comisión,  esta posición no está en contra de la radio comercial, sino que procura que se impulsen otras formas de hacer comunicación, máxime que las frecuencias radioeléctricas son un bien público que le pertenece a cada una de las personas que habitan este país.

El documento incorpora una serie de recomendaciones e insta al Gobierno a abrir el debate, con el  interés de que Costa Rica cuente con una política pública en materia de radiodifusión, mediante la cual se incorporen más voces y mejores contenidos en la programación que reciben los costarricenses, a través de la ondas radioeléctricas.

Esta discusión, concluye el documento, implica partir de que la radiodifusión debe considerarse un asunto de interés público, que atañe a la ciudadanía en general y no solo al cerrado círculo de actores que ha venido participando del uso histórico de las posibilidades de la emisión a través de la radio convencional.

CONSIDERACIONES PARA SALVAR EL VOTO