103 funcionarios de diferentes instituciones públicas aprobaron el curso virtual de Estado abierto a través de Datos Abiertos, impartido por la ECCC. La distribución de cupos del proyecto se coordinó con apoyo del equipo de la Presidencia de la República, encargado de la implementación de las políticas de Gobierno Abierto.

De acuerdo con Giselle Boza, directora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) de la UCR, “un Estado Abierto es un presupuesto para el ejercicio de los derechos comunicativos. Y los derechos comunicativos son un presupuesto necesario para el ejercicio de una serie de Derechos Humanos fundamentales”. No es posible en un Estado Cerrado y “opaco” que se ejerzan esos Derechos Humanos, dice.

Por eso es importante para quienes trabajan en temas DDHH la alianza que se dio entre el PROLEDI, el Ministerio de Presidencia, la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) y nuestra escuela, de acuerdo con Boza.

Para Luisa Ochoa, docente de la ECCC involucrada en el proyecto, el curso buscó el “virtualizar” la educación continua con el fin de llevarla a casi cualquier parte del país y con horarios flexibles, lo cual por consecuencia contribuye a la democratización del acceso al conocimiento.

Además, Luisa señaló en su correo la necesidad de formarnos en cómo usar los Datos Abiertos para fomentar la participación ciudadana y mejorar la democracia, en el contexto de una sociedad caracterizada por la abrumante cantidad de información a la que tenemos acceso diariamente.

La Exviceministra de la Presidencia, de la administración Solís Rivera 2014-2018, Ana Gabriel Zúñiga, coincide con Ochoa. “Con el acceso a la información y la transparencia efectiva nos vamos a dar cuenta del montón de cosas que hemos estado haciendo mal.  Y los vamos a incomodar (a los funcionarios) porque vamos a hacer las cosas diferentes. (Vamos a) transformar la manera en que se hace lo político y público” aseguró en el discurso de cierre de la ceremonia de graduación.