Lilliana Solís | lilliana.solis@ucr.ac.cr

“Aportes a la discusión sobre las nuevas políticas públicas de radio y televisión”, se realizó el  12 de agosto en la UCR. Armando Vargas, Juan Manuel Campos y Giselle Boza participaron en estas primeras jornadas de reflexión.

 

Mientras el Programa de  Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica (PROLEDI) promueve un cambio integral en la legislación y la política pública sobre radiodifusión sonora y televisiva en Costa Rica, otros sectores consideran que la estructura matriz de la regulación ya está contenida en la Ley General de Telecomunicación y que sólo se requiere aplicarla a este sector.

En la primera parte de las jornadas de reflexión convocadas por el PROSIC para discutir acerca de un nuevo marco normativo sobre radio y televisión, se expusieron dos visiones en torno al tema y se dejaron planteadas muchas interrogantes, sobre todo dirigidas a sectores ausentes como la Cámara Nacional de Radio y Televisión, CANARTEL. La ECCC promueve esta discusión ante la necesidad de reformar y actualizar la Ley de Radio y Televisión costarricense.

Este encuentro se realizó  el miércoles 12 de agosto, en el auditorio de la Lanamme de la Ciudad de la Investigación, de la Universidad de Costa Rica y contó con la participación de Giselle Boza, Coordinadora del Programa Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica (PROLEDI) y Juan Manuel Campos, abogado especialista en este tema. Estaba invitada la Presidenta de CANARTEL, Saray Amador, quien dos días antes canceló su participación.  En la segunda jornada prevista para el 20 de octubre, se abordará el  ingreso del país a la televisión digital y el inminente “apagón analógico” del 2017.

La moderación del encuentro estuvo a cargo del especialista en el tema de telecomunicaciones, Armando Vargas Araya, quien antes de iniciar con la presentación de los panelistas enfatizó que el PROSIC es un foro neutral, muy reconocido,  interesado en promover la discusión de un tema importante para el futuro del país. También señaló que el espectro radioeléctrico es propiedad de cada uno de los costarricenses, y que el Estado es el administrador.  «El habitante de la República es el soberano de las frecuencias; todos los demás son concesionarios, legisladores, administradores, y la Sala Constitucional así lo ha dicho en muchas oportunidades».

Como punto de partida, lanzó varias preguntas orientadoras del debate: ¿Necesita el país  una  nueva  ley de radio y televisión? ¿Cuáles elementos deben incluirse en esa normativa y cuales deben dejarse por fuera? ¿Cuál debe ser proceso de transición? ¿Quién tiene la responsabilidad de formular un nuevo  proyecto de ley?

El primero en exponer fue el abogado Campos, quien aclaró que su participación era a título personal y que no representaba la posición de ningún sector. Se  remontó al ambiente que rodeó la aprobación de la ley de radio de 1954, al escenario legislativo y a los actores del momento.

Ante las preguntas generadoras iniciales, dijo que tenemos que partir de que la ley de radio sufrió una serie de modificaciones profundas al aprobarse la Ley General de Telecomunicaciones, y lo que quedó fue un texto amorfo; sin coherencia.

Pero, dijo, si hablamos estrictamente del aspecto técnico, separando lo que tiene que ver con derecho a la información, libertad de expresión,  publicidad y propaganda,  nos damos cuenta que la estructura matriz ya está contenida en la Ley General de Telecomunicación, de tal forma que habría que hacer pocos cambios para encerrar dentro del «género telecomunicaciones», la subespecie «radiodifusión». «Pareciera que lo más lógico es darle competencias a la SUTEL para que aplique una regulación técnica, según lo establece el Artículo 10 de la Ley de Telecomunicaciones, que no es otra cosa que monitoreo del espectro radioeléctrico».

Desde su perspectiva, no se requiere un nuevo marco normativo y está claro que no se deben regular contenidos. “Con respecto al tema de libertad de expresión y derecho a la información,  el marco de libertades es muy sólido en el país, y la Sala IV ha sido contundente en este aspecto, y en caso de que alguien se vea afectado, el mecanismo de acudir a la Sala Constitucional está abierto”, enfatizó.

Sin embargo, dijo que hay temas que a Ley General de Telecomunicaciones no atiende, y es lo relacionado con la concentración, y este es un aspecto que no se puede eludir ni dejar de discutir. «Sin duda, la creación de monopolios es un gravísimo perjuicio para los usuarios, y hacen faltan normas en la Ley de Telecomunicaciones para atender ese tema. Además, sí  se debe pagar un canon por el uso de la frecuencia”.

Luego expuso Giselle Boza, abogada y coordinadora del PROLEDI, quien desde hace años trabaja el tema. Considera que la coyuntura actual es una oportunidad para replantear el modelo de comunicación del país, y para discutir muchos aspectos fundamentales que no se han debatido en Costa Rica. Fue categórica al señalar que el país sí necesita un marco normativo y una política pública y que el Estado debe garantizar el acceso a las frecuencias de radio y televisión de manera equitativa. «La oportunidad que se le presenta al país es única y hay que aprovecharla».

Señaló que el tema de una nueva ley de radio y televisión  entra en el debate de los medios de comunicación nacionales en los últimos años, no solo a propósito de un mandato de la Contraloría General de la República, que en el 2013 emitió un informe sobre el proceso de implementación de la televisión digital en Costa Rica, y le ordenó al Poder Ejecutivo proponer un marco normativo en materia de radiodifusión sonora y televisiva,  sino que es un tema pendiente por años en la agenda política del país.

Coincidió con Campos en que el marco normativo en Costa Rica en esta materia es obsoleto y no responde a las transformaciones sociales, económicas, culturales y mucho menos considera las transformaciones de carácter tecnológico, pero difiere en cuanto a separar los aspectos técnicos de los políticos y enfatiza que esta es una gran oportunidad para que el país  revise integralmente el modelo de comunicación vigente.

“Parece ser que la posición cómoda de algunos operadores privados con esta Ley de 1954,  reducida a 12 o 13 artículos por la Ley General de Telecomunicaciones, explica por qué durante tantos años se han querido amparar en esta legislación. Y es que la Ley del 54  permite la prórroga automática las concesiones, la cesión de las mismas, con una simple puesta en conocimiento al Poder ejecutivo, impuestos ínfimos, no reconoce operadores diversos, ni prevé políticas afirmativas para la producción nacional e independiente”.

Recordó que CANARA se opone a que el país tenga un marco normativo moderno y evade la discusión planteando que con solo reglamentar la ley vigente se resuelve el problema. “Si bien existe opiniones diversas entre los mismos operadores de las distintas cámaras empresariales, quienes están a favor de una nueva ley tampoco están  dispuestos a que se cambie el modelo; insisten en que  solo es necesario regular espectro”.

Ante esta coyuntura,  la propuesta de algunos sectores sociales y académicos de abrir espacios para iniciativas ciudadanas y comunitarias y para el fortalecimiento de medios públicos, es ampliamente criticada por operadores y empresarios de la radiodifusión, quienes consideran que se trata de importar modelos de países con alta intervención estatal en los medios; “lo que a todas luces es  una falacia”.

Lo más preocupante explicó Boza, es que este marco normativo obsoleto, que ha propiciado concentración de frecuencias en algunos grupos económicos,  ha excluido la radiodifusión con fines sociales, y que carece de garantías para la diversidad, y la pluralidad, es el referente legal para el proceso de transición a la  televisión digital. “Hay sectores que consideramos que si no se regula esta materia, las desigualdades en el modelo de medios se profundizarán con la digitalización”.

Concluyó que cualquier  marco normativo de política pública debe basarse en un marco jurídico que atienda los más altos estándares de libertad de expresión. “El país no solo requiere de un ordenamiento del espectro, requiere de una ley integral”.

Puede escuchar el foro completo en: http://www.canalucr.ucr.ac.cr/se%C3%B1al–eventos.html o acceder a la página web http://www.derechoalacomunicacion.ucr.ac.cr/